Perú le da la lapicera a Fujimori

El Senado de Perú le entregó a Keiko Fujimori la facultad de legislar contra el crimen sin pasar por el Congreso, y lo hizo por 90 días. La presidenta podrá dictar normas sobre control migratorio, uso de armas y reforma del sistema penitenciario, y podrá ordenar que las Fuerzas Armadas entren a combatir bandas cuando la Policía esté a punto de ser desbordada. La oposición votó en contra y perdió.

Entre las atribuciones nuevas hay una que inquieta. Fujimori podrá crear un registro de organizaciones criminales que usen prácticas “de terrorismo o análogas”, investigarlas con “técnicas especiales”, perseguir su patrimonio y juzgarlas. Suena razonable hasta que uno recuerda quién decide a quién se mete en esa lista y con qué pruebas. Los gobiernos no suelen tener problema en ampliar definiciones cuando el miedo está en la calle.

El contexto explica el apuro. Perú, con 34 millones de habitantes, vive su peor crisis de seguridad desde que terminó el conflicto armado interno en 2000, con homicidios y extorsiones disparados. La hija de Alberto Fujimori asumió el poder en julio prometiendo mano de hierro contra la delincuencia, igual que su padre, que terminó condenado por violaciones a los derechos humanos. La herencia viene con manual incluido.

A Fujimori también le dieron poderes para enfrentar el fenómeno de El Niño, que calienta el Pacífico y desbarata los patrones de lluvia y viento. Es decir, seguridad y clima en el mismo paquete, dos problemas que ningún gobierno resolvió nunca y que ahora se delegan a una sola persona por decreto.

La oposición teme lo evidente: que los militares, sumados al control del orden público, cometan abusos y nadie responda por ellos. Es un temor viejo en un país que ya sabe cómo termina. Cuando un Congreso entrega su lapicera a cambio de promesas de orden, la libertad suele ser la primera que paga la factura.