Perú le entrega la lapicera a Fujimori
El Senado de Perú aprobó el miércoles delegar facultades legislativas a la presidenta Keiko Fujimori para combatir el crimen organizado sin pasar por el Congreso. La medida le da 90 días para legislar por decreto en control migratorio, uso de armas y reforma del sistema penitenciario. Un país de 34 millones de habitantes le entrega la lapicera a una sola persona.
El argumento oficial es la urgencia. Perú vive su peor crisis de seguridad desde el fin del conflicto armado interno de 1980 a 2000, con homicidios y extorsiones disparados, y cárceles tan llenas que desde adentro se siguen dirigiendo operaciones criminales. Con ese panorama, el Ejecutivo dice que no puede esperar los tiempos del Parlamento.
El Senado no se quedó corto. Sumó atribuciones que la Cámara de Diputados no había incluido y que la oposición rechazó. Fujimori podrá autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas cuando la Policía esté en riesgo de ser superada, crear un registro de organizaciones que usen prácticas “terroristas o análogas”, perseguirlas con técnicas especiales y golpear su patrimonio.
También recibió poderes para enfrentar al fenómeno de El Niño, que según los científicos podría ser el más intenso jamás registrado. La oposición teme lo previsible: que los militares en las calles terminen en abusos, como ya pasó antes en el país. Es el mismo miedo de siempre cuando se le entrega el garrote a alguien sin contrapesos.
Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y en el poder desde julio, prometió mano dura con la delincuencia igual que su padre, condenado por violaciones de derechos humanos. La receta es exactamente la misma que llevó a Perú a una dictadura disfrazada en los noventa. Cuando un Congreso se declara incapaz de legislar y le pasa el poder a una persona, no está resolviendo el crimen: está renunciando a su trabajo y cobrando igual.
