Turcos y Caicos cierra la puerta al pasaporte
El gobierno de las islas Turcos y Caicos quiere acabar con la residencia permanente por inversión y dejarla en un permiso renovable de 25 años. Lo ha metido en la Immigration Bill 2026, presentada al Parlamento por el viceprimer ministro Jamell Robinson. La jugada es sencilla: quien entre por dinero podrá quedarse, pero nunca será de allí. El propio texto lo dice sin disimulo, los titulares del nuevo permiso quedarán expresamente excluidos de la residencia permanente.
Hoy un inversor consigue la residencia permanente por cuatro vías. Casas en islas pequeñas como Grand Turk o Salt Cay desde 300.000 dólares, frente a un millón en Providenciales y el resto. Negocios desde 750.000 dólares en esas islas menores y 1,5 millones en las demás, con al menos el 60% de empleados sin permiso de trabajo. Aportes a proyectos públicos desde un millón, y una cuarta puerta de un millón en vivienda o negocio cualquiera. La tasa de solicitud ronda los 25.000 dólares, más 1.500 de compromiso y 150 de presentación. La residencia, además, no da derecho a trabajar salvo dentro del propio negocio.
Con el cambio, todo eso se convierte en un permiso a plazo fijo. Y ahí está el detalle que importa: la residencia permanente es lo que abre la puerta a la nacionalización, algo que el territorio reconoce doce meses después de obtener el certificado. Un permiso de 25 años, aunque sea largo, limita la estancia por definición. El abogado David Lesperance lo resume sin rodeos, Turcos y Caicos se convertiría en el primer territorio británico de ultramar en cerrar la puerta a que un inversor llegue a ser ciudadano británico. La inversión sirve para pagar, no para pertenecer.
El gobierno vende la medida como una defensa de los locales. Robinson dijo en el Parlamento que los isleños se ven superados en número, en precio, en inversión y en banca dentro de su propio país. Sobre el papel suena a protección. En la práctica es un Estado que ha vivido del dinero extranjero durante años y que ahora decide quedarse con la caja y repartir etiquetas: tú pagas, tú no eres de aquí. Los demás residentes de largo plazo tendrán su propio camino, un certificado de diez años y luego otros diez antes de poder aspirar a la residencia permanente. Veinte años para lo que antes eran diez.
Lo llamativo es el doble discurso. Robinson repitió que la ciudadanía en Turcos y Caicos no está en venta y que la ley no incluye ciudadanía por inversión. Cierto. Pero el territorio nunca la vendió directamente, la ofrecía por la puerta de atrás, residencia más nacionalización. Lo que hace ahora es coger el dinero y cerrar la puerta de atrás.
Turcos y Caicos confirma la regla de siempre: al Estado le encanta tu cartera y le sobra desprecio por tu apellido.
