Cuba cambia la ley del petróleo y sigue igual
Cuba estrena este lunes una nueva ley petrolera que regula toda la cadena de hidrocarburos y abre la puerta a la inversión nacional y extranjera. La isla lleva semanas con apagones que superan las 20 horas, y el gobierno ha decidido que la solución es un texto legal.
La norma cubre desde la exploración en tierra y en aguas profundas hasta la refinación, el transporte y la comercialización, pero deja intacto el principio de siempre: los yacimientos son propiedad socialista de todo el pueblo, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Todo sigue siendo del Estado, con o sin inversores de por medio.
La apertura contempla contratos de producción compartida, concesiones y contratos de servicios. Pedro Abigantus, director de inversiones de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Minas, dice que el objetivo es aumentar la producción y elevar las reservas para cubrir la demanda nacional. En un país que se queda a oscuras, suena más a deseo que a plan.
Los economistas no se lo creen. Omar Everleny señala que el Estado mantiene una hipercentralización rígida y que cualquier permiso tiene que subir al más alto nivel de Gobierno. Daniel Torralbas lo remata: la autorización en el papel no resuelve el cuello de botella financiero, que es justo donde se muere el negocio.
El dato que lo dice todo es el diésel. Mientras el gobierno redactaba su ley, las empresas privadas de la isla importaron 231,7 millones de dólares en combustible desde Estados Unidos. El sector privado, ese que la ley apenas menciona, está moviendo la energía que el Estado no consigue producir.
Cuba lleva seis décadas demostrando que cambiar la ley es fácil y cambiar el resultado es imposible. Esta vez tampoco será distinto: la puerta se abre, pero con la mano firmemente puesta en el picaporte.
