México cambia el efectivo por un expediente digital
El Senado mexicano aprobó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos con 72 votos a favor y 37 en contra, y ya la mandó al Ejecutivo. A partir de 2027, cobrar por QR, tarjeta, NFC o transferencia deja de ser una opción y pasa a ser la norma donde Hacienda decida. El efectivo, dicen, no desaparece. Todavía.
La ley la empujó la presidenta Claudia Sheinbaum y la Cámara de Diputados la había avalado el 6 de octubre con 330 votos contra 122. El texto reconoce como medios válidos los códigos QR, los pagos con el celular, las tarjetas de débito y crédito, las transferencias y las domiciliaciones. Hasta ahí, nada raro. Lo interesante está en los artículos 18 y 19.
Ahí asoma la CURP Digital como mecanismo de confianza que los bancos estarán obligados a aceptar, junto con un Expediente Digital Ciudadano y una Plataforma de Establecimientos Mercantiles. O sea, el mismo Estado que dice querer inclusión financiera y modernizar trámites se está armando el mapa completo de quién le vende a quién, cuándo y por cuánto. La senadora de oposición lo llamó por su nombre: una herramienta de vigilancia fiscal.
Y tiene razón, aunque le pese al oficialismo. Ningún gobierno del mundo inventó los pagos digitales por amor al ciudadano. Los inventó porque rastrear cada operación es más fácil que rastrear un fajo de billetes que pasa de mano en mano sin dejar rastro. El efectivo es anónimo, y el anonimato es justo lo que les molesta.
Que la ley diga que el efectivo no se elimina es el detalle más cínico del paquete. Nadie lo prohíbe, solo se vuelve cada vez más incómodo usarlo. Cuando el comerciante tenga que elegir entre cobrar por QR y arriesgarse a un control, va a elegir el QR. Y así, sin prohibir nada, en cinco años el billete será un objeto de museo. El control perfecto no necesita decir prohibido: le alcanza con hacer que obedecer sea la salida más fácil.
