Se acaba el plan B barato en Latinoamérica

Paraguay concedió 29.765 residencias en el primer semestre de 2026, un 81 por ciento más que el año anterior. Detrás de ese número no hay amor por los extranjeros: hay un gobierno que acaba de descubrir cuánto valen sus permisos y que piensa cobrarlos.

Durante años, media Europa y buena parte de América Latina compraron residencia con un depósito pequeño y una sociedad pantalla. Ese atajo se está cerrando. Panamá reescribió su visa de Naciones Amigas para que una empresa y una cuenta bancaria ya no lleven a la residencia permanente, y Colombia convirtió su visa de rentista en una de visitante en 2022, así que el tiempo allí ya no cuenta para la residencia.

Paraguay eliminó en 2022 la ruta del depósito y en 2026 estrenó el Investor Pass. Con la Resolución 407, el residente temporal tiene que demostrar actividad económica real antes de convertir su estatus. Argentina, que era el chollo de la región, también apretó las tuercas. Traducción: o pones capital, o pones tiempo, pero la tarjeta que se sostenía desde el sofá de otro país se terminó.

Europa marcó el camino y no lo disimula. España cerró su programa dorado y otros países van por la misma ruta. Los gobiernos aprendieron que un permiso de residencia es un producto con precio de mercado y que regalarlo era de tontos. Ahora quieren inversión que genere empleo o un residente que gaste en la economía local.

Para el que busca un plan B sin mudarse, la cosa se pone cuesta arriba. Invertir sigue siendo la vía para mantener flexibilidad, pero ya no es un trámite barato ni rápido. Y los que prometieron paraísos de papel a precio de saldo van a tener que explicar a sus clientes por qué la puerta se cerró de golpe.

La libertad de moverse siempre fue un bien escaso y nunca fue gratis. Lo que cambia no es la regla, es la factura: antes pagabas en tiempo, ahora pagas en capital, y en ambos casos paga el mismo, el que no tiene un político que le abra la puerta.