Reino Unido quiere tu dinero y no a ti
Cinco millones de libras para entrar y ni una posibilidad de quedarte antes de diez años. El canciller británico, John Healey, estudia resucitar la visa de inversor que el Home Office cerró en febrero de 2022, y los dos diseños que circulan dejan claro qué tipo de país es hoy el Reino Unido: uno que necesita el capital extranjero y desconfía de quien lo trae.
El primero lo firma el IPPR, un think tank cercano al laborismo. Cinco millones de libras a un fondo gestionado por el British Business Bank, el banco estatal de desarrollo, entregados en tres plazos: tres millones al entrar, uno a los dos años y medio y uno a los cinco. La rentabilidad, dicen, será “significativamente inferior a la de mercado”, y el propio informe admite que puede ser cero. Sin atajo a la ciudadanía, cupo de cien a ciento cincuenta visados al año y prohibición expresa para rusos y para los países de la lista de alto riesgo en blanqueo. Es decir: prestas dinero al Estado, sin intereses, durante una década, y a cambio puedes vivir en un país donde llueve.
El segundo diseño, de Foreign Investors for Britain, es más honesto porque al menos le pone precio al privilegio. Dos millones y medio de libras invertidos en tres meses y una tasa plana de 200.000 libras anuales a Hacienda durante quince años, con exención del impuesto de sucesiones sobre los bienes en el exterior. El grupo calcula que atraería 225.000 millones de libras en una década. Nadie ha explicado todavía por qué alguien pagaría 200.000 libras al año por residir en un país que además le obliga a invertir en él.
La historia importa. El Gobierno cerró la ruta Tier 1 en 2022 después de revisar a los 6.312 inversores que la usaron entre 2008 y 2015, y concluyó que el beneficio económico era “pequeño” frente al riesgo de blanqueo. Cuatro años después, con el presupuesto del 28 de octubre encima de la mesa y un primer ministro nuevo, el mismo Estado que la declaró inútil estudia cómo volver a venderla. La coherencia nunca fue el fuerte de Westminster.
Los que ya tienen la visa vieja deben pedir la residencia permanente antes de febrero de 2028. Los nuevos, si esto sale adelante, tendrán que elegir entre regalar cinco millones a un banco público sin retorno o pagar un peaje fiscal de dos millones y pico en quince años. En los dos casos el mensaje es idéntico: el Reino Unido ya no compite por talento ni por capital, compite por ver quién está dispuesto a pagar más por el derecho a quedarse.
