La FCC despierta y dejará apagar móviles en prisión
La FCC votará el 19 de noviembre una norma que permitirá a las cárceles estatales y locales usar inhibidores para apagar los móviles que entran de contrabando en las prisiones. Solo faltaba que alguien lo pidiera en voz alta.
Desde 1934, la Ley de Comunicaciones prohíbe a cualquier particular o entidad que no sea federal interferir señales. La propia FCC llevaba años repitiendo que los inhibidores podían tumbar las comunicaciones de emergencia y que meter más aparatos de estos en circulación era regalar herramientas a los que no deberían tenerlas. En 2018 el Buró de Prisiones ya probó el llamado micro-jamming en centros federales, así que el terreno estaba allanado desde hace ocho años.
Eso sí, la norma llega con deberes. Cada centro que quiera usarla tendrá que demostrar que su inhibidor no causa interferencias fuera de la zona autorizada y que no le corta la señal al vecino. Es decir, la tecnología no era el problema. El problema era decidir, y decidir siempre cuesta más que esperar.
El detalle que incomoda es otro. En julio de 2025, esta misma FCC retrasó la entrada en vigor del tope a las tarifas de las llamadas desde prisión, ese tope que iba a bajarle la factura a las familias que hablan con un preso. Apagar un teléfono intervenido se decide en una reunión. Bajar el precio del teléfono legal se deja para más adelante.
Que un recluso no organice un crimen desde la celda está bien. Que su madre pague una tarifa de aeropuerto por decirle buenas noches ya es otra historia. El Estado corre cuando corta una señal y camina cuando toca bajar un recibo.
