Bruselas le tuerce el brazo a Antigua
Antigua y Barbuda tiene hasta el 12 de noviembre para decidir si mata su programa de ciudadanía por inversión o pierde el acceso sin visado a Schengen. El primer ministro Gaston Browne confirmó el sábado que su gabinete se inclina por la suspensión, después de que Bruselas pusiera las dos opciones sobre la mesa en una reunión técnica la semana del 19 de octubre. Traducido: o cierras el negocio que te financia, o tus ciudadanos se quedan sin entrar a 29 países europeos.
El giro es notable porque hace apenas cuatro meses Browne decía lo contrario. En julio sostuvo que el programa seguiría “con o sin” los acuerdos de visado y que su gobierno no se dejaría presionar hacia una eliminación unilateral. La carta de la Comisión, firmada por Magnus Brunner, pedía el cierre para junio de 2028 con dos años de transición. Ahora esa transición se ha convertido en un ultimátum de tres semanas.
El motivo tiene nombre: el Reglamento (UE) 2025/2441, en vigor desde finales de 2025. Basta con tener un programa de ciudadanía por inversión para que Bruselas pueda suspender la exención de visado. No hace falta demostrar nada más. La sospecha sustituye a la prueba y el castigo llega antes que el juicio.
El coste para la isla es concreto. Browne ha dicho que el programa generó más de 1.400 millones de dólares del Caribe Oriental en once años, unos 518 millones de dólares, y el presupuesto de 2026 cuenta con otros 58 millones por esta vía. Es una de las mayores fuentes de ingresos no tributarios del gobierno. A cambio, Europa no ofrece nada: ni compensación, ni cifras, ni un plan B.
Lo llamativo es la doble moral. Bruselas, que no ha sabido ordenar su propia migración ni sus fronteras, se pone ahora a dar lecciones a cinco islas caribeñas sobre quién merece un pasaporte. A Antigua ya la castigan Estados Unidos y Canadá con restricciones de visado, y Europa solo remata la faena. Cuando el poder no puede resolver sus problemas, siempre encuentra un pequeño al que culpar.
