San Vicente vende pasaportes y Bruselas manda la factura

Primer trimestre de 2027. Esa es la nueva fecha que maneja San Vicente y las Granadinas para abrir su programa de ciudadanía por inversión, según dijo esta semana el primer ministro Godwin Friday en una entrevista con Television Caribbean. La fecha suena lejana porque lo es: el hombre lleva un año prometiendo lo mismo y cada promesa se ha ido empujando hacia adelante.

Cuando su Nuevo Partido Democrático ganó las elecciones en noviembre de 2025, Friday habló de un programa para 2026. En febrero, su primer presupuesto lo movió a mediados de año. Todavía en mayo insistía en que saldría ese mismo año. Ahora el objetivo es 2027, y con la advertencia de que tampoco está garantizado.

El modelo, dice, no será “ciudadanía por inversión en el sentido antiguo”. Habla de más diligencia debida, de un fondo nacional blindado que reciba todo el dinero, de supervisión del banco central y de coordinación con los demás estados de la Organización de Estados del Caribe Oriental. Una consultora está diseñando el programa, aunque no dijo cuál ni dio detalle de cómo funcionaría el control.

El motivo de tanto cuidado no es la moral, es Bruselas. El reglamento europeo 2025/2441, vigente desde finales de diciembre de 2025, convierte la venta de ciudadanía en motivo para suspender la exención de visado. La Comisión escribió a cinco estados caribeños pidiéndoles que cierren sus programas antes del 1 de junio de 2028. San Vicente se libró de las cartas porque todavía no vende pasaportes, y esa es justo su ventaja.

Europa pontifica sobre pasaportes mientras Malta cerró su programa solo cuando el Tribunal de Justicia le dio la razón a la Comisión, y Chipre lo desmanteló después del escándalo de los Papeles de Chipre. Nadie en Bruselas tiene autoridad moral para dar lecciones sobre cómo una isla pequeña decide financiar sus cuentas.

Porque de eso se trata. La deuda pública de San Vicente llegó al 113% del PIB en 2025, según el Fondo Monetario Internacional. El propio Friday citó esa cifra al hablar de la herencia que recibió. El FMI recomienda un modelo de donación simple, con todos los ingresos destinados a pagar deuda, y avisa de que los riesgos reputacionales y legales pueden ser cuantiosos para una ganancia modesta.

Hay una ironía que Bruselas no quiere ver. Un país soberano quiere vender su propia ciudadanía a quien pueda pagarla, y otro bloque de países, sin ninguna competencia legal sobre él, pretende decidir si puede hacerlo. Eso no es combatir el blanqueo, es administrar quién tiene derecho a competir. Y San Vicente, que hasta ahora es el único estado independiente del Caribe Oriental sin programa, tiene todo el derecho a intentarlo.