Argentina cobra la ciudadanía que todavía no sabe tramitar

350.000 dólares no reembolsables al Tesoro por un pasaporte argentino. Ese es el precio que el gobierno de Javier Milei puso sobre la mesa el 2 de octubre, dieciséis meses después de crear por decreto el primer programa de ciudadanía por inversión del país. Promete abrir las postulaciones en el último trimestre de 2026, con una ruta alternativa de 800.000 dólares en bonos y 500.000 para una familia de cuatro.

La letra chica tiene su gracia. Quien quiera el pasaporte por la vía de la donación le paga al Estado y no recupera un centavo. Quien prefiera los bonos compra deuda pública creada para la ocasión. En ambos casos el dinero tiene que pasar por el sistema financiero formal y el solicitante se somete a controles de identidad, origen de fondos y antecedentes. Poner un precio en el anuncio, como sabe cualquiera que haya tratado con una burocracia, no es lo mismo que entregar el documento.

Adam Juchniewicz, autor de la columna, tiene una razón muy personal para dudar. Aplicó a la residencia argentina en enero de 2026 y en octubre Migraciones todavía no le respondió ni sí ni no. Se mudó a Buenos Aires con su esposa, se fue a fin de julio con los planes ya hechos y dejó el expediente abierto esperando una decisión que nunca llegó. El gobierno encontró el precio de la ciudadanía antes de encontrar la respuesta a su trámite.

El resto del historial tampoco tranquiliza a nadie. La licitación para montar el programa se canceló después de que los evaluadores recomendaran un consorcio de cuatro firmas, y hoy hay dos propuestas distintas para desmantelar el resultado. Es decir, el mismo Estado que promete un pasaporte a 350.000 dólares todavía discute si deja el invento en pie.

Acá está el punto que el folleto no menciona. Un pasaporte sirve porque dura, no porque exista un anuncio. Si la ciudadanía que comprás depende de que el presidente que la inventó siga en el poder, no estás adquiriendo un documento sino haciendo una apuesta electoral a cuatro años con tu plata y la de tu familia. Y esa apuesta, como demuestra el expediente del columnista, la puede perder el Estado sin devolverte nada.