Francia llama ilegítima a su propia gente
Más de 400.000 personas salieron a la calle en Francia y hubo 1.314 detenidos. El Ministerio del Interior contó 410.000 manifestantes, el sindicato CGT dijo casi 800.000, y entre las dos cifras quedó un país que lleva semanas ardiendo. Setenta mil policías desplegados, gases lacrimógenos en Lyon, Clermont-Ferrand, Estrasburgo y Burdeos, cañones de agua en Niza y Nantes.
Todo empezó con estudiantes protestando por el estado de sus colegios en el sur de París. En dos semanas el asunto se convirtió en una queja general por el costo de vida y en algo que ningún gobierno francés soporta bien: gente en la calle sin pedir permiso. La respuesta oficial fue toque de queda en zonas de París y Lyon, prohibición de manifestaciones no sindicales y el argumento de que esas marchas son ilegítimas.
Macron rompió el silencio para decir que el Estado cumplió con su deber. Es una frase notable en un país donde hubo 2.700 detenidos la semana anterior, 3.000 comercios saqueados, 2.500 personas en custodia y 174 ya en la cárcel. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, presentó su renuncia dos veces en el mismo día y las dos veces se la rechazaron, que es una forma educada de decir que el problema no era él.
Hay elecciones presidenciales en seis meses y Marine Le Pen ya está moviendo ficha mientras el oficialismo pone toques de queda. Ese es el resumen del momento francés: un gobierno que no puede explicar por qué la vida es tan cara, pero sí puede explicar cuántos policías hacen falta para que nadie lo grite en el centro de París.
Los sindicatos convocaron una huelga nacional para el 5 de noviembre y los chalecos amarillos volvieron a llamar a sentarse frente a los ayuntamientos. En Francia la calle nunca se apaga del todo y este otoño tiene más gasolina que de costumbre. El Estado cumplió con su deber, sí: el de protegerse a sí mismo.
