Argentina cobra 350.000 dólares por un pasaporte
Argentina pone precio a su pasaporte: 350.000 dólares no reembolsables al Tesoro. El gobierno de Javier Milei presentó el 2 de octubre el programa de ciudadanía por inversión que había creado por decreto de necesidad y urgencia dieciséis meses antes, y promete abrir las solicitudes en el último trimestre de 2026.
La oferta tiene dos puertas. Una contribución de 350.000 dólares que no se devuelve, o 800.000 en un bono público fabricado para la ocasión. Si el solicitante viene con esposa y dos hijos menores, la contribución sube a 500.000. Todo tiene que pasar por el sistema financiero formal y por controles de identidad, origen de fondos y antecedentes.
El problema no es el precio. Es que el mismo Estado que ya cobra todavía no ha demostrado que sepa entregar. Un periodista de IMI lleva más de 250 días esperando respuesta a una solicitud de residencia presentada en enero. La ciudadanía tiene tarifa antes de que la residencia tenga respuesta, y ese orden dice mucho de las prioridades.
La licitación para montar el programa también dejó huella. Cuatro firmas compitieron, los evaluadores las recomendaron, y el Ministerio de Economía canceló el proceso el 14 de abril alegando diferencias sustanciales de enfoque. Las mismas cuatro empresas aparecieron después en un consorcio que asesora al gobierno sin cobrar. Cuando el Estado cambia de traje tan rápido, el que pone la plata debería preguntarse quién manda de verdad.
Encima está la letra pequeña constitucional. Milei creó la ruta por decreto de emergencia, no por ley del Congreso. El 30 de junio la Cámara Nacional Electoral anuló ese tipo de decreto en un caso de naturalización ordinaria y dejó claro que la ciudadanía toca materia electoral. En el Congreso hay dos proyectos para cerrar el invento: el de Capitanich prohíbe el programa y respeta lo ya concedido, el de Rossi y Olmos aprieta todavía más a los que estén en la cola.
Pagar 350.000 dólares por un pasaporte que un juez puede deshacer no es comprar libertad. Es comprar una promesa, y en Argentina las promesas caducan antes que los decretos.
