El Estado cobró 3.000 euros por un hijo muerto

Joshua Foster, un auditor británico de 37 años, pagará 3.000 euros de multa por la muerte de su hijo de dos años. El niño cayó desde el cuarto piso del hotel King Evelthon, en Chipre, cuando el padre lo sentó en la repisa de una ventana que creía cerrada. La sentencia la dictó el viernes el tribunal de Pafos.

El hombre se declaró culpable de causar la muerte por un acto imprudente, temerario o peligroso. Contó que quería que su hijo viera el parque acuático desde la ventana y que en un segundo perdió el control. El niño cayó casi doce metros y murió en el hospital de Pafos a pesar de los intentos por reanimarlo. Su abogado dijo ante la corte que ese momento lo va a perseguir el resto de su vida.

Ahí está el problema con la justicia convertida en trámite. Un padre que viajó de vacaciones con su mujer, sus dos hijos y sus suegros, que perdió a un hijo por un descuido de segundos, ahora también tiene que pagarle al Estado por el privilegio de ser juzgado. La multa no devuelve nada ni repara nada. Solo deja constancia de que el sistema pasó por ahí y cobró su tasa.

En un mundo con dos dedos de frente, alguien habría entendido que este hombre ya pagó con lo único que importaba. Pero el expediente pedía un número y el tribunal lo puso. La burocracia no distingue entre una tragedia y una infracción: para ella las dos entran en la misma planilla, y las dos dejan un renglón con una cifra a la derecha.