Letonia vende residencias en un edificio que no existe

Letonia abrió una investigación sobre permisos de residencia concedidos a cambio de 50.000 euros en un negocio que, según la televisión pública del país, no existe. El ministro del Interior, Jānis Dombrava, ordenó el pasado 26 de octubre revisar el papel de Ņina Linde en la concesión de permisos a ciudadanos de terceros países. Los afectados, decenas.

El caso se cuenta rápido. Una empresa ofrecía ayuda para conseguir la residencia letona invirtiendo 50.000 euros en una residencia de lujo para ancianos en el pueblo de Spuņciems. Según LTV, ese complejo de 110 habitaciones y 136 camas no ha movido un ladrillo. La sociedad compró un edificio en 2022 y desde entonces ahí no ha pasado nada. Linde no contesta al teléfono ni al correo desde el 26 de octubre.

Lo jugoso es quién está detrás. Linde dirige el Instituto de Economía, una empresa privada que el propio presidente de la Academia de Ciencias de Letonia describió como socia de la institución. Otros portales que vendían el mismo permiso llevan la dirección de la Academia o el nombre del Instituto. Y una ciudadanía por méritos especiales aprobada por el parlamento el 15 de octubre ya fue anulada el 22 tras las sospechas.

El detalle que nadie subraya es que el Estado vende residencias y luego finge sorpresa cuando aparecen intermediarios que cortan por lo sano. La ruta de capital social es la única que queda en pie desde la nueva ley de inmigración del 15 de septiembre, con una inversión de 50.000 euros y una tasa estatal de 10.000. El inversor que vive en Singapur o Dubái no puede pisar la obra, confía en la bandera europea y en un registro público. Cuando el chiringuito revienta, siempre paga el de fuera.

Mientras sea el Estado quien expide la residencia, la estafa empieza en la ventanilla. Lo demás es contabilidad creativa.