Antigua negocia su pasaporte con Bruselas
Antigua ofrece cerrar su programa de ciudadanía por inversión en 2030, pero solo si Bruselas paga la cuenta. El primer ministro Gaston Browne envió el 30 de octubre una carta al comisario europeo Magnus Brunner aceptando el cierre en principio, y pidiendo a cambio dos años y medio más y compensación económica.
La Comisión quiere el programa muerto para junio de 2028 y amenaza con quitar el visado Schengen a quien no obedezca. Antigua tenía hasta el 12 de noviembre para responder. Su jugada es aceptar el final, sí, pero negociar el calendario y la factura. Cerrar en 2030 en vez de 2028, y que Europa ponga el dinero para el estudio de impacto, la pérdida de ingresos y los empleos que se van.
El argumento de fondo es que el programa sostiene las cuentas públicas. Según el FMI, los flujos de ciudadanía ayudaron a un superávit primario cercano al 5% del PIB en 2025, y la deuda pública bajó del 101% al 68%. Varios desarrolladores aprobados y los bancos regionales prestaron contra esos ingresos. Un corte seco los dejaría con proyectos a medias y en los tribunales.
Los abogados de inversión no se lo creen del todo. Sam Bayat dice que pedir ayuda para diversificar la economía es razonable, pero que esperar que Bruselas compense ingresos que ya no vas a cobrar es otro cantar. Y advierte que Antigua no debería comprometerse a cerrar sin garantías claras de vuelta.
Queda flotando la pregunta de siempre. Europa exige que estos países renuncien a financiarse solos, y el premio es un visado que puede quitar cuando le convenga. Mejor un Caribe que pide limosna que uno que se paga sus propias carreteras. La foto la ponen ellos, la factura la pones tú.
