Lula recorta la jornada con dinero ajeno
El Senado de Brasil aprobó reducir la jornada de 44 a 40 horas semanales sin recorte de sueldo y con un día más de descanso. La enmienda constitucional pasó en dos votaciones consecutivas y termina con la llamada jornada “6 por 1”. El detalle que importa: faltan once días para la segunda vuelta y Lula se juega la reelección contra Flávio Bolsonaro.
El proyecto es la principal promesa electoral del presidente. Su rival se oponía, pero cambió de postura la víspera y votó a favor por teleconferencia desde un acto de campaña en Porto Alegre. Sus propios senadores lo apoyaron después. La portavoz del Gobierno en el Senado, Teresa Leitão, celebró la jugada pidiendo “mantenerse vigilantes para impedir retrocesos en el futuro”.
El costo, como siempre, no lo firma quien aprobó la ley. La Confederación Nacional de Municipios calculó que la medida generará un gasto anual de 6.600 millones de reales, unos 1.300 millones de dólares, solo en personal de empresas subcontratadas. La Federación de Comercio de São Paulo va más lejos: prevé un aumento del 22% en el costo de la hora trabajada y avisa que podrían desaparecer hasta 1,2 millones de puestos.
Los sindicatos celebran. Unos 22 millones de trabajadores verán reducida su jornada, según sus cuentas. Es una reivindicación histórica del sector popular y, por eso mismo, nadie del Gobierno quiere explicar de dónde sale el dinero que falta.
El senador Randolfe Rodrigues respondió que Brasil “se sitúa al nivel de los países más desarrollados” y nombró a Finlandia, Australia, Francia, Alemania, Noruega y Países Bajos. Es el argumento de siempre: como otros también lo hicieron, entonces está bien. Nadie menciona que esos países llegaron ahí con décadas de productividad, no con un decreto a once días de las urnas.
Hasta la oposición criticó las “prisas” y el “uso del aparato estatal” en función del calendario electoral. Ese es el verdadero problema. El Estado puede decidir cuántas horas trabaja un brasileño, pero no puede fabricar el dinero que hace falta para pagarlas.
Un político que reparte beneficios antes de votar no es generoso. Es alguien regalando lo que no es suyo, con la factura a nombre de otro.
