La golden visa no se regala, se cobra en obras
Grecia y Panamá están reescribiendo las reglas de la golden visa inmobiliaria, y el debate ya no es si se vende residencia sino a qué tipo de comprador se le vende. En Grecia, el principal partido de la oposición propone quitar la compra de inmuebles del programa y sustituirla por una Angel Visa ligada a inversión empresarial. Panamá ha ido por otro camino: su decreto de septiembre subió el mínimo para pisos de segunda mano a 500.000 dólares y mantuvo 300.000 para obra nueva del promotor.
Sobre el papel, la idea suena razonable. Un piso de 800.000 no genera más riqueza que uno de 250.000, porque todo depende de qué financie el dinero y qué quede cuando se cierra la operación. El autor del artículo en IMI Daily lo llama additionality: qué se construyó, qué se generó o qué empleo apareció gracias al incentivo, y no lo que habría pasado de todas formas. Es un concepto elegante para una realidad bastante más sucia.
Porque el problema nunca fue cuántos extranjeros compran, sino que los Estados han descubierto que vender permisos de residencia es un negocio redondo. Primero subastan el pasaporte al mejor postor, después se dan cuenta de que el vecino no puede pagar el alquiler, y en vez de admitir el desastre montan comités para decidir qué inversión vale la pena y cuál no. Un estudio del banco central griego sobre operaciones entre 2017 y 2024 encontró que el mercado se agrupa alrededor del umbral de turno: si subes el mínimo, el dinero se muda de barrio sin que se construya una sola casa más.
La conversión de locales vacíos en vivienda puede funcionar, pero solo si el local estaba realmente vacío y la obra cumple con seguridad, planeamiento y calidad. Un piso reformado que se vende caro a un inversor no resuelve nada para la familia que llevaba años esperando algo asequible.
Que no te vendan el lenguaje del aporte económico. Mientras el Estado siga siendo el dueño del permiso, la residencia seguirá siendo un peaje, y el peaje siempre acaba pagándolo el de siempre.
