Argentina quiere prohibir la venta de pasaportes
Dos proyectos en el Congreso argentino buscan prohibir la ciudadanía por inversión, y uno de ellos anula la que ya se otorgó. La oposición presentó iniciativas en las dos cámaras para desarmar legalmente el programa que el gobierno de Milei acaba de anunciar en París, y ninguno de los textos contempla devolver un solo dólar.
El proyecto que más ruido hizo lo firmaron los diputados Agustín Rossi y Kelly Olmos, del bloque Unión por la Patria, y lleva el número 5254-D-2026 con el título de Ley Prohibiendo la Venta de Ciudadanía Argentina. Tiene trece artículos y arranca borrando las tres piezas que el DNU 366/2025 le metió a la Ley de Ciudadanía 346: la vía de inversión para naturalizarse, la facultad del Ministerio de Economía para decidir qué inversiones valen y la propia agencia de programas de ciudadanía por inversión.
El senador Jorge Capitanich había presentado su propio proyecto el 24 de agosto, y según Página/12 las diputadas Florencia Carignano y Paula Penacca sumaron un tercero. Todos apuntan al mismo blanco: el programa que el ministro Luis Caputo presentó en la Semana de Argentina en París, donde el interesado paga 350.000 dólares no reembolsables al Tesoro o compra un bono estatal de 800.000 dólares creado a medida, con las solicitudes abriendo en el cuarto trimestre de 2026.
El texto de Rossi y Olmos no se queda en lo administrativo. Según su artículo 6, el Estado ya no podría emitir deuda que le dé al comprador el derecho a pedir la ciudadanía, y los contratos ya firmados para promocionar el programa se caerían solos. El artículo 8 da por retirada cualquier solicitud que siga esperando resolución firme el día que la ley entre en vigor, y el artículo 9 va más lejos: alcanza a los que ya fueron aprobados y declara que sus ciudadanías carecen de validez porque el Ejecutivo legisló en un terreno que la Constitución le cierra a los decretos.
Traducido: el Estado argentino te vende un pasaporte, cobra, y después una mayoría parlamentaria podría decidir que el pasaporte nunca existió. Sin reembolso, sin recurso y sin derecho a reclamar. La misma clase política que un día inventa un producto para tapar el agujero fiscal, al día siguiente lo declara un delito.
La moraleja es vieja como el mundo. Cuando el Estado es el vendedor, también es el juez que puede arrepentirse de la venta. Cualquiera que ponga 350.000 dólares a fondo perdido en un papel firmado por un gobierno debería leer la letra chica dos veces, porque la letra chica es que mañana puede gobernar otro.
