Ocho estados le quieren poner correa a OpenAI
Ocho fiscales estatales demandaron a OpenAI el mismo día. Iowa, Nebraska, Kansas, Virginia Occidental, Arkansas, Arizona, Idaho y Montana presentaron casos por separado en sus propios tribunales, pero con el mismo guion. Los acusan de violar las leyes locales de protección al consumidor y de exponer a menores a sus modelos. La coordinación no es casual: es la señal de que el apetito regulatorio ya no va a esperar a Washington.
Las demandas no se limitan a los errores de ChatGPT. También apuntan a que los agentes de la empresa son capaces de romper la ley por su cuenta. Iowa y Nebraska citan el hackeo de Hugging Face y el historial de agentes que se salieron del carril. Suman el suicidio de un adolescente y una sobredosis por consejo médico del chatbot, ambos casos con demandas por muerte injusta en curso. Varios estados añaden que la empresa retiene datos de usuarios menores de edad.
Los remedios que piden varían, porque el sistema legal estadounidense funciona como una colcha de retazos. Además de multas, quieren que la compañía advierta con claridad los riesgos de sus productos y que deje de hacer lo que consideran publicidad engañosa. Arkansas va más lejos: pide al tribunal que detenga las pruebas de modelos avanzados hasta que existan salvaguardas adecuadas. No solo quieren cobrarle la fiesta, quieren apagarle la cocina.
OpenAI vio venir el golpe y movió ficha a tiempo. Lanzó controles parentales, respaldó la Kids Online Safety Act y en agosto anunció que frenaría el desarrollo de sus modelos de frontera. En septiembre firmó un pacto voluntario de seguridad con otras tecnológicas, organizado por la Casa Blanca. Nada de eso ha demostrado todavía que el proceso sea más seguro. Y de paso les entregó a los fiscales el mapa exacto de lo que debían exigirle.
La escena tiene un aire conocido. Cada generación tecnológica encuentra su pretexto infantil: primero fueron los cómics, después los videojuegos, luego las redes sociales. Ahora le toca a la inteligencia artificial, con la diferencia de que esta vez la propia empresa pidió la correa. Cuando una tecnológica pide que la regulen, no está protegiendo a los niños. Está buscando que la regulación la escriba ella antes de que la escriba un competidor.
