Hungría grava el patrimonio y no perdona a nadie
1% sobre el patrimonio que supere los 1.000 millones de forintos, unos 2,7 millones de euros, y 1,5% por encima de los 100.000 millones. Hungría publicó el 6 de octubre su borrador de impuesto al patrimonio y quiere tenerlo en vigor el 15 de diciembre, con la primera liquidación en agosto de 2027. La excusa es la de siempre: que los ricos arrimen el hombro.
Lo que importa es a quién alcanza. Además de los residentes húngaros, que pagarán por su patrimonio mundial, el impuesto toca a los no residentes que tengan inmuebles en Hungría, acciones de empresas húngaras o participaciones en sociedades extranjeras cuyo valor sea sobre todo suelo húngaro. Un ciudadano húngaro con doble nacionalidad que viva fuera puede caer dentro aunque no tenga domicilio en el país.
Los fideicomisos y las fundaciones privadas se gravan como contribuyentes separados. Una estructura creada bajo ley extranjera cuenta como húngara si su gestión efectiva está en Hungría, y el texto presume que lo está si el fundador es húngaro o si un beneficiario residente manda en las decisiones. Cada cónyuge tiene su propio umbral de 1.000 millones y los hijos menores suman al patrimonio de los padres.
Los números no son pequeños. Un piso en el distrito II de Budapest comprado en 2015 por 80 millones de forintos puede valorarse ahora muy por encima según el nuevo baremo, que arranca con el valor de la última transacción y solo al final admite una tasación de experto. La factura la calcula el propio contribuyente, la declara y la paga. Autorresponsabilidad, lo llaman.
El impuesto nace envuelto en la campaña húngara, ese ritual donde se promete que esta vez sí pagarán los ricos. Empieza en dos millones y medio de euros y termina, como siempre, en el ciudadano que solo quería conservar lo suyo. Y por el camino regala un motivo más para no tener nada a tu nombre en el país. Primero se grava el patrimonio y después se grava la decisión de marcharse.
